22 Oct Corte Provincial respalda la actuación de la SEPS y descarta vulneración de derechos
- La sentencia de segunda instancia confirma la facultad del organismo de control para exigir el cumplimiento estricto de requisitos legales en el registro de directivas de cooperativas de ahorro y crédito.
Quito, octubre de 2026.— La Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha reconoció que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) actuó en estricto cumplimiento de sus competencias constitucionales y legales durante el trámite de calificación de idoneidad y registro de la directiva de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista Ltda.
Mediante sentencia notificada el 19 de octubre de 2026, el Tribunal de la Corte Provincial aceptó el recurso de apelación presentado por la SEPS, revocó la decisión de primera instancia y rechazó íntegramente la acción de protección interpuesta en contra del organismo de control.
El Tribunal concluyó que la SEPS no incurrió en inactividad u omisión arbitraria. Por el contrario, determinó que la institución emitió respuestas formales y motivadas a través de sus canales oficiales, en las que identificó oportunamente inconsistencias documentales e inobservancias a la norma de control, requiriendo su debida subsanación a la entidad cooperativa.
Al respecto, la Sala fue categórica al señalar:
“La dilación en el registro es atribuible a la falta de subsanación técnica y a las discrepancias internas de la propia entidad cooperativa, y no a una conducta arbitraria de la autoridad”.
El fallo ratifica que, si bien la Constitución y la Ley reconocen la autogestión y la autonomía organizativa del sector cooperativo, dicha autonomía no exime a las entidades financieras de someterse al control, auditoría y supervisión técnica del Estado. En tal sentido, las decisiones o resoluciones internas de una organización no pueden anular ni subordinar las facultades de fiscalización de la SEPS.
Asimismo, la Corte precisó que la celeridad en la gestión pública no implica la aprobación automática de solicitudes que incumplen los requisitos de forma y fondo exigidos por la regulación sectorial. La verificación de la idoneidad de los directivos constituye un deber legal indispensable para otorgar plena validez y seguridad jurídica a los nombramientos.
Este pronunciamiento de la Corte Provincial sienta un precedente fundamental para la defensa de las competencias y un hito para esta superintendencia, como organismo técnico de control. La decisión reconoce que la supervisión preventiva y rigurosa es una herramienta esencial del Estado para mitigar riesgos sistémicos, preservar la estabilidad financiera y proteger los ahorros de la ciudadanía.
Fuente jurídica: Sentencia de apelación del 19 de octubre de 2026, Causa N.º 17293-2026-00970, Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
